Laapuestas deportivas parecen próximas a ganar un nuevo terreno, y es que la NBA solicitó recientemente ante el Senado de Nueva York un paquete de leyes que apoya la legalización de los juegos de azar deportivos en Estados Unidos.
El abogado encargado de testificar ante el comité reveló que, de aprobarse, la liga recibiría el 1% de cada apuesta realizada para sus juegos, cifra que supone una gran cantidad de dinero para la NBA desde estados como Nueva York y la promesa de aumentar exponencialmente si estas prácticas se legalizaran en todo el país.
Asimismo exigen un control en tiempo real de las apuestas para detectar cualquier actividad irregular o uso de información inadecuado (aunque las ligas ya hacen esto desde hace años supone reforzar los controles), limitar cierto tipo de apuestas deportivas que se pueden manipular fácilmente (usó el ejemplo de señalar quién saca la primera falta en el juego) y agregó la protección a los consumidores, incluyendo restricciones de edad y un estricto programa de licencias para quienes operen en los centros donde se realicen los juegos de azar deportivos. El vocero de la NBA aseguró que después de estudiar cada situación es la manera en que la asociación busca adoptar un enfoque diferente, que brinde a los fanáticos de los deportes una forma segura y legal de apostar a sus eventos favoritos mientras les protege.
Se espera que la decisión final sobre esta petición se dicte durante la primavera de este año, y mientras se sigan realizando conversaciones al respecto, varios estados de Estados Unidos preparan una legislación que actuaría si el fallo del Tribunal Supremo anula la prohibición federal de las apuestas deportivas generalizadas fuera del estado de Nevada.
Durante años la NBA, así como otras ligas entre las que destacan la NFL y MLB han luchado para evitar los juegos de apuestas deportivas, sin embargo, con este giro se espera que el resto de asociaciones se sumen al cambio iniciado por la liga de baloncesto, que aseguró a través de su vocero legal que pretende presionar al congreso estadounidense para que apruebe una ley nacional independientemente de lo que decida la corte suprema.